viernes, 8 de julio de 2011

ESTAFADORA SERIAL DE ANCIANOS.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejercitará acción penal contra una mujer que se ostentaba como promotora y acudía a los domicilios de las personas de la tercera edad para pedirles sus tarjetas de beneficios y las tarjetas bancarias que posteriormente utilizaba para realizar compras en tiendas de autoservicio.


La detención de esta persona, de nombre Elizabeth Muñoz Ventura, quien también se hacía llamar, Araceli Alzate Peñaloza o Modesta Alzate Peñaloza,de 39 ños; se realizó con base en la denuncia de hechos y en contra de quien resultara responsable presentada por el Instituto de Adultos Mayores del Distrito Federal, donde se recibieron reportes de los afectados.

Con las denuncias interpuestas por las víctimas, las cuales oscilan entre 20 personas agraviadas, hasta el momento, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal elaboró un retrato hablado de la probable responsable, quien de a cuerdo con los informes recabados operaba en viviendas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

Consta en el expediente que el 18 de febrero del 2011, la Subdirección de Control y Seguimiento del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, inició ante el Ministerio Público una averiguación previa a la que se le acumularon otras, toda vez que recibieron denuncias.

En estrecha coordinación con personal de esta Subdirección de Control y Seguimiento, la representación social logró establecer que el modo de operar de esta mujer consistía en presentarse en las viviendas de los afectados y ostentándose con una credencial como trabajadora, se ganaba la confianza de los adultos mayores y solicitaba sus tarjetas con el argumento de incrementarles hasta en 400 pesos el monto de su pensión; posteriormente, realizaba compras en tiendas de autoservicio.

En algunos casos, el Ministerio Público se trasladó a los domicilios de los afectados para tomarles su declaración ministerial, toda vez que por su estado de vulnerabilidad no les es posible trasladarse a la agencia investigadora, servicio con el que se buscó apoyar y proteger a este sector de la sociedad.

En una de las denuncias, quedó asentado que entre el 15 de enero y el 1 de febrero del presente año, la inculpada acudió al domicilio de un adulto mayor y solicitó fotocopia del acta de defunción de esta persona, así como del plástico que se le había proporcionado, según esto, para que sus familiares no se metieran en problemas. Sin embargo, desde el 16 de diciembre del 2010 éste ya se había dado de baja del mencionado programa social.

Una llamada telefónica recibida en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, alertó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales, ya que el coordinador de ese Instituto en la delegación Gustavo A. Madero recibió quejas de beneficiarios de la colonia Valle de Tepeyac.

En el informe se asentó que una mujer había recogido tarjetas de pensión con el argumento de aumentarles la cantidad que recibían o para ofrecer créditos de remodelación, por lo cual algunas víctimas las entregaron y otras no, ya que ésta persona había quedado en regresar para recoger los plásticos faltantes.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron a la calle Caldas, de la mencionada colonia, donde se percataron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal entrevistaban a una persona del sexo femenino.

Al detectar que sus facciones coincidían con las características plasmadas en los retratos hablados, los agentes de investigación detuvieron a Elizabeth Muñoz Ventura o Araceli Alzate Peñaloza o Modesta Alzate Peñaloza, en posesión de ocho tarjetas de pensión con nombres diferentes.

El Ministerio Público procederá a consignarla por el delito contra la fe pública, diversos 20, relacionado a quien utilice tarjetas para el pago de bienes y servicios sin consentimiento del titular; ilícito considerado como grave que alcanza una penalidad de tres a nueve años de prisión y de 100 a cinco mil días multa, de acuerdo con el artículo 336, fracción primera del Código Penal.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Araceli Alzate Peñaloza reconoció que se dedicaba a engañar a los ancianos, pero aseguró que lo hacía "por necesidad económica y porque las personas grandes ya eran de por si maltratadas por sus familiares".

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